José Canale (izquierda), referente ocal del Frente NOS, junto al abogado Marcelo Zarlenga, de NOS Mar del Plata

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, podría enviar en plena cuarentena al Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Lo anunció durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, y el mismo ya estaría redactado. Cabe recordar que dicha iniciativa fue rechazada por el Senado en 2018.

Si la iniciativa es presentada, desde la organización Provida, identificada con los pañuelos celestes, se anticipó que se manifestarán a favor de las dos vidas para la cual ya hay una convocatoria en marcha para el 30 de este mes.

Sobre este tema, El Diario dialogó con José Canale, referente del NOS Balcarce, quien ya en enero pasado había calificado de «ilegal» la aplicación del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que oficializó la provincia de Buenos Aires. Dijo que «en medio de una pandemia que amenaza a la sociedad y pone a los sistemas de salud y recursos económicos en serios riesgos, los impuestos de los contribuyentes pretenden ser destinados a financiar el asesinato prenatal de argentinos. El Coronavirus ha matado algunas centenas de personas y seguramente muchas más morirán por desatención, como lo ha señalado recientemente la Sociedad Cardiológica Argentina, que estima en 9 mil muertes extras por la no atención temprana de enfermedades cardiovasculares y ACV. Sin negar la existencia y necesidad de ‘ocuparse’ de la epidemia, es evidente que estamos ante un fenómeno de psicosis social cuyas consecuencias se podrán analizar objetivamente cuando todo esto haya pasado».

Lobbies detrás del proyecto

En este sentido, señaló Canale que «parecería que esta psicosis y el aislamiento social obligatorio está siendo aprovechado por los lobbies abortistas y el Gobierno para imponer en la agenda legislativa algo que nada tiene que ver con la salud, salvo que uno considere al embarazo como una enfermedad y al crimen como un ‘tratamiento’. Nadie puede negar la realidad de embarazos vulnerables y situaciones límites que ponen a mujeres, a veces niñas, en serios dilemas respecto del embarazo. En este sentido, no soy quién para emitir opinión o juicio alguno sobre las mujeres que hayan tomado la decisión de terminar con la vida de su hijo en gestación. Pero sí es necesario hacer algunas aclaraciones como que los intereses económicos e ideológicos detrás del aborto  pretenden ocultar o mostrar como un tema religioso o de opinión».

«El filicidio jamás podría ser un tema opinable»

Luego se plantea el entrevistado que «la primer pregunta que habría que hacerse es si también consideran que es un problema de creencias u opinable, estar en contra de la violación, el robo, el asesinato o la corrupción por dar solo algunos ejemplos de actos tipificados como delitos en el Código Penal. Ser creyente o ateo nada tiene que ver con tener claro qué es delito y qué no. El filicidio, es decir matar a un hijo, jamás podría ser un tema opinable».

Más adelante, el referente del NOS Balcarce consideró importante mencionar algunos  de los «actores» internacionales y nacionales que impulsan «este verdadero genocidio prenatal, vigente en Estados Unidos desde 1973 y hoy en vías de extinción por el corte de subsidios del gobierno norteamericano a Planned Parenthood («Paternidad Planificada»), la mayor industria del aborto en el país del Norte. Casi 6.000 clínicas han sido cerradas en los últimos tres años y es indudable que buscan nuevos países donde asentar sus ‘mataderos’, subsidiados por los contribuyentes, a partir del tan proclamado ‘derecho al aborto, legal, libre y gratuito’».

Subrayó que en función de evitar confusiones, «debe decirse que este ‘reclamo’ lo único que tiene de veraz es la palabra ‘aborto’, ya que legal jamás podría ser una conducta ilegítima. Una ley ilegítima e inconstitucional, como es el caso en cuestión, es nula de nulidad absoluta. Respecto de las palabras ‘libre’ y ‘gratuito’, solo cabe decir que, en todo caso, es libre para la madre pero no para el hijo en gestación, que no puede elegir. Similar razonamiento podría decirse respecto de la gratuidad ya que ésta será para las que pidan el aborto pero no para los contribuyentes, que lo pagaremos a profesionales con título de médico pero que en su accionar actúan como sicarios, si uno se atiene a una definición estrictamente penal de ese accionar».

Contradicción absurda

Agregó que «el absurdo se completa con la contradicción que significa la existencia de la AUH, que significa la Asistencia Universal por Hijo, por la cual se paga desde el embarazo un subsidio, reconociendo así la existencia de una vida. O sea, a los contribuyentes se nos ‘saca’ para ayudar a prolongar una vida, que estaría bien si además fuera acompañada por educación, no como otra dádiva asistencial más, pero también para exterminarla. Tanto el Gobierno nacional como el provincial han gastado millones en Misoprostol y abortos quirúrgicos mientras los hospitales y las comunas necesitan más respiradores o terapias».

Entiende Canale también que «todo esto, además, está agravado por la ‘desaparición’ absoluta del progenitor en la escena, ya sea que éste sea un padre normal o un violador al que ni siquiera se intenta perseguir ya que hoy mismo, con el actual Protocolo ILE(gal), no es necesaria la denuncia del supuesto violador, lo cual  muestra la  patológica contradicción de los grupos feministas que abogan a su vez por la protección de la mujer, la persecución de femicidas y abusadores y  por el aborto, todo al mismo tiempo. Pero callan este ‘anonimato’ del ‘Protocolo’, mostrando así que les interesa más terminar con una vida inocente, que encarcelar al violador».

Calificó seguidamente de perversa la «persecución judicial de médicos que salvaron vidas como Rodríguez Lastra, Antequeda y Bazán; Pereyra es perversa y demencial y, sin duda, apunta a intimidarlos y evitar el ejercicio de la Objeción de conciencia. Quieren que el aborto sea obligatorio».

Intereses

Volviendo a la faceta económica, dijo que «detrás de los intereses que pretenden legalizar el aborto es necesario señalar en la Argentina, entre otras,  a Casa Fusa y a la Fundación Huésped,  dirigida por Pedro Cahn, asesor del Gobierno en el tema de la pandemia. Ambas organizaciones han recibido fondos del exterior para impulsar la agenda del aborto. A su vez es importante destacar la enorme presión The Open Society Foundation («Sociedad Abierta») del multimillonario George Soros, de la cuál alguno de sus miembros argentinos son el ex ministro de salud Adolfo Rubinstein, Pichetto, Massa,  Stolbizer, Filmus, Lipovetzky, Donda,  Myriam Bregman,  Fernando Iglesias, Odarda y Verbitzky,  entre otras personalidades políticas, todas las cuales son simpatizantes o impulsoras del aborto, la  ideología de género y la legalización de la droga. Para tomar real dimensión de estos verdaderos grupos de presión  internacionales, debe decirse que mientras investigaban  las listas de Open Society, fueron asesinados dos periodistas: uno en 2017, el iraní Bechir Rabani, y otro en 2018, el argentino Martín Licata. Mucho más podría hablarse de todo el entramado político-económico e ideológico detrás del aborto. Para los que hablan del aborto como un Derecho Humano,  les recuerdo que Margaret Sanger, madre de la Liga Eugenésica Norteamericana,  posteriormente Planned Parenthood, abrió en 1930 la primera Clínica de Abortos en Harlem, ya que proclamaba que era necesario evitar el nacimiento de negros y pobres. Es importante que la ciudadanía reflexione muy bien de qué se trata cuando se habla alegremente del aborto como un derecho cuando en realidad es un gran negocio que nada tiene de ‘derecho’ y mucho menos de ‘humano’» , concluyó.