Mientras cumple con el arresto otorgado en el marco de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes y anular este fallo. Además, puso en duda cómo se calculó el monto actualizado del perjuicio provocado al Estado con la maniobra de corrupción por la cual la condenaron.

De todos modos, no llevó el reclamo a la Corte Suprema. En paralelo, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó el decomiso de millones de dólares y euros en cuentas en Suiza y Bahamas, junto con 56 propiedades del empresario Lázaro Báez, otro de los implicados.

Parte de la pena de la causa Vialidad implica el cobro de 84.000 millones de pesos, activos se deben recuperar a partir de los daños provocado al Estado con las maniobras de corrupción gestadas. Esto incluye propiedades, chacras, estancias y departamentos, entre otros. Según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el perjuicio al Estado debe determinarse por el monto de sobreprecios en las 51 licitaciones, así como también por los daños ocasionados debido al abandono de las obras.

La presentación de la expresidente condenada, Cristina Kirchner, fue realizada en primera persona y firmada por el abogado Alberto Beraldi. La misma, según informó La Nación, se efectuó hoy a las 9.30. Se pide que, junto con el resto de los condenados, deposite 530 millones de dólares.

A su vez, la exigencia corre para los otros implicados en la causa: el exsecretario de Obras Públicas José López, que está condenado a seis años de prisión; los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, condenado a seis años; Mauricio Collareda, con condena a cuatro años; y Raúl Daruich (tres años y seis meses); además, los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, con cinco años de condena. Completan la nómina Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).

La expresidenta tiene plazo hasta este miércoles para hacer frente al decomiso del caso Vialidad junto los demás acusados. La cifra cuenta con el aval del juez Gorini a raíz de los informes periciales presentados por los profesionales de la Corte Suprema de Justicia, de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del perito de parte. (DIB)