En su plan de retiro del Estado de la economía y de cierre de las empresas estatales, el gobierno de Javier Milei tiene resuelto avanzar en los próximas horas en la convocatoria a licitación de la Ruta 226 que incluye el tramo que une a Balcarce con Mar del Plata, como así también del resto de las rutas a cargo de Corredores Viales y de la denominada Ruta del Mercosur.

El primer paso, adelantó Infobae, será el llamado a licitación del Corredor 18 que incluye las vías comerciales del Mercosur como las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, con unos 675 km de extensión en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estos caminos están bajo el control de la empresa Caminos del Río Uruguay SA (Crusa), concesionaria desde 1990 y que demandó al Estado por incumplir ajustes de tarifas y por la renegociación del contrato, que vence en abril de este año.

Pero el plan no se detiene allí, sino que la idea de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que depende del Ministerio de Economía de Luis Caputo, es privatizar las concesiones de más de 9 mil km de rutas y autopistas, algunas sin adjudicar y otras a cargo de la estatal Corredores Viales.

Entre ellas se incluye Corredor VII donde se encuentra la Ruta 226 con una afectación específica para Mar del Plata. Es que allí se encuentra el peaje El Dorado en el límite con Balcarce, que actualmente tiene un valor de $1.300 para autos de hasta dos ejes.

Todas estas rutas representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito, y donde la perspectiva de Caputo es un ahorro de unos 6.100 millones de dólares en los próximos 20 años.

Sin canon ni subsidios

Si bien Corredores Viales quedó sujeta a privatización dentro de la Ley Bases, la intención inicial no sería privatizar la empresa, sino directamente concesionar los caminos que hoy están bajo su control. Además se suman otras rutas no concesionadas como la 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba.

Según los adelantos conocidos, el proceso se dividirá en once tramos, donde el llamado a licitación se realizará en febrero y una estimación de adjudicación para julio de 2025. Por el momento se desconoce el plazo de duración de los contratos. En tanto, no se prevé ni canon para el Estado pero tampoco subsidios, donde todo el ingreso de la empresa será la tarifa de los peajes, fondos con los cuales deberá sostener el mantenimiento de las rutas.

En tanto, se definirá una tarifa tope y un sistema de actualización trimestral, indexada según una fórmula atada a índices del Indec, donde se esperan detalles sobre cuáles se tomaron y cómo se valorarán.