En el uso de la banca pública 19, previo al inicio de la tercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el vecino César Gainza expuso un extenso y crítico diagnóstico sobre el funcionamiento institucional de la Cooperativa de Electricidad. En su intervención, centró el eje en el sistema de elección de delegados -quienes conforman la asamblea, órgano máximo de la entidad- y denunció que actualmente "dos personas del Consejo Administrativo eligen a los delegados que deberían ser elegidos por los vecinos", en alusión a sus autoridades. "Ese es el núcleo de cualquier sistema democrático: el pueblo es el que elige", afirmó, al advertir una inversión del principio cooperativo básico.

Gainza explicó que la Cooperativa cuenta con unos 27.000 asociados y que el esquema vigente establece un delegado cada 5.000 usuarios, quienes luego integran la asamblea encargada de tomar las decisiones centrales, elegir el Consejo Administrativo y designar la sindicatura. Sin embargo, sostuvo que ese mecanismo hoy se encuentra desvirtuado, ya que -según denunció- quienes conducen la entidad terminan definiendo tanto a los delegados como a quienes deben controlarlos. "Eligen al órgano madre y también a la sindicatura que los controla. Ni siquiera la elige el órgano mayor", cuestionó.

IMPUGNACIÓN Y PEDIDO DE DESTITUCIÓN

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el anuncio de una presentación formal para impugnar la elección de delegados y avanzar, en el plano político, con el pedido de destitución de la asamblea y del Consejo Administrativo. Según detalló, la argumentación se basa en la vulneración de principios establecidos en la Ley 20.337 y en el estatuto social de la Cooperativa, especialmente en lo referido a la participación democrática, la igualdad entre asociados y el acceso a la información.

En ese sentido, sostuvo que si bien la convocatoria a elecciones se habría realizado cumpliendo formalmente con la publicación en un diario, en la práctica resultó "manifiestamente insuficiente". "La gran mayoría de los asociados no tomó conocimiento efectivo del acto electoral", afirmó, al señalar la ausencia de canales de comunicación más directos como correos electrónicos o mensajería. Como consecuencia, indicó que la participación habría sido de apenas el 0,7% del padrón, lo que implica que "el 99,3% no votó", configurando -a su entender- una "grave restricción" del derecho a participar.

REFORMAS Y

PROPUESTAS

Más allá de la impugnación, Gainza planteó una serie de propuestas a corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato, además de la nulidad del proceso, propuso convocar a nuevas elecciones con mecanismos de difusión "adecuados, eficaces y accesibles", garantizando transparencia y mayor participación. También sugirió avanzar en cambios en los órganos de control, como reemplazar la sindicatura unipersonal por una colegiada, integrada por representantes de distintos sectores (hogares, comercio e industria), para fortalecer los mecanismos de fiscalización interna.

En una mirada más estructural, puso el acento en la educación como herramienta clave para reconstruir la cultura democrática en el ámbito cooperativo. En ese marco, señaló que mantuvo conversaciones con el área educativa provincial para impulsar contenidos sobre cooperativismo, participación y control ciudadano en escuelas primarias y secundarias. "La educación es central para formar generaciones con conciencia sobre el manejo de la cooperativa", sostuvo.

UN DEBATE DE FONDO

Durante su intervención, el vecino remarcó que el problema excede nombres propios y responde a una cuestión estructural del sistema. "No interesan los nombres, sino el trasfondo", aclaró, aunque reiteró sus cuestionamientos al funcionamiento actual. También advirtió sobre posibles responsabilidades legales para las autoridades, al mencionar eventuales consecuencias penales y patrimoniales en caso de comprobarse irregularidades.

Finalmente, Gainza cerró su exposición insistiendo en la necesidad de avanzar hacia "una restauración del sistema democrático balcarceño", planteando que la discusión sobre la Cooperativa Eléctrica abre un debate más amplio sobre la participación ciudadana, el control institucional y el rol de los asociados en la toma de decisiones. Su presentación no generó intervenciones inmediatas de los bloques, pero dejó planteado un tema que promete trasladarse al plano político e institucional en los próximos días.