Reino municipaliza agua y cloacas pero sabe que necesita del capital privado para obras
En su edición del pasado 19 de noviembre, El Diario planteó a manera de interrogante la posibilidad de la municipalización del servicio de agua y cloacas en Balcarce a partir del 1 de febrero, al llegar a su término el plazo de la concesión que tiene la empresa Aguas de Balcarce. Y todos los caminos parecen conducir hacia ese destino.
El propio intendente Esteban Reino, junto a los secretaros de Gobierno y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ricardo Stoppani y Gustavo Torres, respectivamente, y el responsable de Regularización Dominial, Gonzalo Scioli, le manifestó a los altos ejecutivos de Aguas de Balcarce que la decisión tomada en torno al futuro de la prestación del servicio es que, como lo hacía con anterioridad al año 1994, cuando en su primer mandato el por entonces intendente José Luis Pérez lo privatizó, vuelva a manos del Municipio.
EL DIARIO REVELÓ ESTA POSIBILIDAD
El Intendente y sus más estrechos colaboradores venían trabajando en silencio el tema pero El Diario reveló esa posibilidad días pasados. El haber estado aislado al contraer Covid-19 llevó a que Reino pospusiera la reunión con Aguas de Balcarce, que se concretó en el mediodía de anteayer.
El Departamento Ejecutivo «desempolvó» el proyecto de municipalización que el propio Reino y Francisco Ridao (actual secretario de Hacienda), siendo concejales, defendieron a ultranza aquel sábado 31 de mayo de 2014 en el recinto pero no pudieron torcer la voluntad del Frente para la Victoria y de los ediles del Frente Renovador, Gabriel Petruccelli y José Luis Cavuoti quienes por mayoría aprobaron una prórroga de seis años y medio a Aguas de Balcarce. Ahora está decidido y así le fue manifestado a los directivos de la empresa: la Comuna se hará cargo del servicio. De hecho, en el proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2021 está incluida la percepción de la Tasa por brindar el servicio sanitario por una cuestión técnica y legal.
¿HACIA UN REGIMEN SEMIESTATAL?
El propio titular de Hacienda, Ridao, le detalló a El Diario que «la idea de mínima es que el servicio vuelva a ser administrado por el Municipio a partir de llegar a su fin la prórroga de concesión». Pero no termina ahí la cosa ya que la idea original del Gobierno de Juntos por el Cambio va más allá y apunta a la conformación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), una suerte de régimen semiestatal. Es que necesita imperiosamente de capitales privados para la concreción de obras que extiendan y mejoren ese esencial servicio.
«El Municipio no tiene esos recursos necesarios para concretarlas» afirmo Ridao, quien explicó que en una SAPEM el 51 por ciento de las acciones está en poder del Estado, que es el administrador, conservando así la mayoría del capital, y el resto corresponde al sector privado.
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO
La creación de la SAPEM no es inmediata. Requiere de al menos unos seis meses para cumplir con los aspectos legales. Esto significa que finalizado el plazo de la concesión es el propio Estado Municipal quien se hace cargo de inmediato de la continuidad de la prestación con lo que todo ello implica -cobro de la tasa, pago de salarios, compra de materiales, obras, etc.-.
Otra posibilidad que deslizó el Departamento Ejecutivo a Aguas de Balcarce es que consultará al Tribunal de Cuentas bonaerense si está permitido prorrogar la extensión del contrato por seis meses -hasta septiembre 2021 incluido-, lapso en el cual avanzaría con la creación de la SAPEM. Ahora bien, si esto ocurre, ¿Aguas de Balcarce aceptará continuar?
«SORPRESA»
Según una fuente, esta novedad del Departamento Ejecutivo causó «sorpresa» en la empresa como también que fuera invitada a participar de la SEPAM aportando dinero para obras, lo cual no le interesaría bajo esa modalidad.
En cuanto a la municipalización del servicio sanitario, apuntó Ridao que está en la esencia del radicalismo. Recordó incluso cuando expuso aquel 31 de mayo de 2014 en el deliberativo defendiendo esta postura. Pero hubo razones que llevaron a tomar la decisión. El propio funcionario mencionó inconvenientes que se generaron en materia de obras que debieron ser afrontadas por el Estado provincial y nacional para la extensión de las redes de agua y cloacas, cambios de cañerías, mejora del tanque de agua en el Cerro, la construcción de nuevos pozos y ampliación y modernización de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, con una inversión de unos cien millones de pesos.
