La delegada de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Balcarce, Fernanda Ruzza, mantuvo una reunión con el intendente municipal, Esteban Reino, con el objetivo de evaluar la posibilidad de extender el trámite de la tarifa social del agua a lo largo de todo el año.

Esta iniciativa, se indicó, apunta a modificar la normativa vigente, que determina que sólo se puede tramitar el beneficio hasta abril de cada año, y posibilitar que la gestión quede habilitada para llevarse a cabo una sola vez en cualquier momento que se desee.

"Trabajar y gestionar coordinadamente con los organismos municipales logra beneficios para los vecinos, y por sobre todo para los sectores más vulnerables", sostuvo Ruzza.

En el encuentro también se trataron los reclamos recibidos en la Delegación por parte de los empleados municipales afectados por los descuentos desmedidos en su sueldo como consecuencia de los créditos obtenidos a través del Sindicato de Trabajadores Municipales.

GAS

En otro orden, la Defensoría del Pueblo bonaerense intimó a las empresas distribuidoras de gas natural que prestan servicio en la Provincia a que se abstengan de interrumpir la provisión por falta de pago, teniendo en cuenta el contexto de aumento de tarifas y el cada vez menor beneficio que se puede obtener de la tarifa social.

"Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna, para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen. Las deudas de los servicios públicos se acumulan y la gente no puede pagarlas", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En su planteo, el organismo definió este mínimo de consumo en dos bloques de tarifa social, beneficio económico que de todas formas criticó por exiguo, sobre todo luego de las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional. La posición de la Defensoría se basa en que en el primer trimestre de 2018 los reclamos que recibió por los aumentos de los servicios públicos crecieron un 82% respecto al mismo periodo de 2016, cuando comenzó a sentirse el impacto de los nuevos cuadros tarifarios. En tanto, los que tienen que ver con la tarifa social subieron más de 92% en estos dos años.

"Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente", puntualizó Lorenzino.