La investigación judicial se centra en la presunta operatoria mediante la cual se habrían recaudado fondos que no fueron rendidos ante las autoridades de la institución.

Según consta en la presentación, los aportes obtenidos a través de esa subcomisión -que habría actuado en nombre de la Asociación Civil Protección a la Infancia- eran canalizados mediante una cuenta bancaria personal.

La operatoria, siempre según la denuncia, se habría extendido durante más de dos años y habría sido advertida tras el recambio de autoridades, cuando la nueva comisión comenzó a revisar movimientos y registros internos.

La causa se inició a partir de la denuncia de un socio y, en primera instancia, recayó en la Fiscalía Descentralizada Departamental a cargo del Dr. Moure, donde se tomaron declaraciones testimoniales a más de media docena de personas. A partir de la complejidad de los hechos relatados, el expediente fue remitido a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos que actualmente lleva adelante la investigación.

El fiscal interviniente ya ordenó diversas medidas probatorias tendientes a reconstruir el circuito del dinero, establecer la trazabilidad de los fondos y determinar el eventual perjuicio económico sufrido por la institución.

LA PALABRA DEL ESTUDIO JURÍDICO

El Diario consultó al estudio jurídico que asesora a algunos de los socios de Protección a la Infancia, desde donde se indicó que "la denuncia refiere a la creación de una subcomisión impulsada por Pablo Fabiani, en principio con la finalidad de recaudar fondos para la institución. Para ello se utilizó una cuenta personal a nombre de su esposa. En un comienzo no generaba conflictos, pero el problema surge cuando esos fondos no se rinden".

Según detallaron, la situación comenzó a advertirse tras el recambio de autoridades: "Cuando cambia la comisión directiva se empiezan a investigar esos fondos, que eran importantes. Allí se destapa toda esta situación. No se sabía con precisión cuál había sido el destino del dinero".

Desde el estudio también señalaron que, de acuerdo a testimonios incorporados en la causa, esta modalidad podría haberse iniciado al menos dos años atrás, lo que ampliaría el alcance de la investigación. Asimismo, explicaron que por la materia y la complejidad del caso, el fiscal interviniente en Balcarce, decidió remitir el expediente a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos. "Si bien la causa está en una etapa temprana, por los dichos de los testigos se trata de una investigación de magnitud", sostuvieron.