Un anestesista acusado de acosar sexualmente a una enfermera en reiteradas oportunidades en el Hospital Municipal deberá pagarle casi un millón de pesos en concepto de daños y perjuicios y cumplir una serie de medidas establecidas en la sentencia por la Jueza Mariana Tonto de Bessone, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Mar del Plata.

Lo novedoso del fallo que se conoció en las últimas horas es que la magistrada también dispuso que el sujeto –identificado como R.G.H.- realice un curso de capacitación y sensibilización en género y violencia en el marco de la Ley Micaela que deberá acreditar ante el Juzgado.

En el mismo sentido dispuso que participe en algún grupo o taller reflexivo o terapéutico dedicado al abordaje de la violencia de género dependiente de la Dirección de Políticas de Género en Balcarce o General Pueyrredón bajo apercibimiento de una multa de 100 mil pesos destinada a dichos organismos.

En el tramo final de la misma dispuso que la sentencia se comunique al Colegio de Médicos de la Provincia para que evalúe la aplicación de medidas disciplinarias y “arbitre las necesarias para evitar la repetición por parte de sus matriculados de conductas como las que originaron este juicio”.

También ordenó al Director del Hospital Municipal de Balcarce que arbitre los medios para efectuar el contralor necesario a los fines de preservar la integridad y dignidad de las trabajadoras y trabajadores en su lugar de trabajo.

LOS HECHOS

La enfermera –que trabaja en el Hospital desde noviembre de 2016- denunció que el acoso se generó a partir de su presencia en el Área Quirófano del nosocomio desde finales de 2017 a la que asistía debido a la demanda de trabajo generada.

En tal sentido aseguró que desde el comienzo de la convivencia laboral hubo malos tratos por parte del demandado, como también insinuaciones de índole sexual, habiéndola tildado en ocasiones de ‘inútil e inoperante’. Agregó que dichas situaciones eran cotidianas en el Hospital, sin perjuicio de que ninguno de sus compañeros haya denunciado nada y supuso que era por temor a perder su fuente de trabajo.

Antes de la demanda civil, la mujer radicó en marzo de 2018 ante la Fiscalía Descentralizada de Balcarce a cargo del Dr. Rodolfo Moure una denuncia penal en la que se resolvió la suspensión de juicio a prueba. “No hubo sobreseimiento, eso será después de transcurrido el plazo legal y cumplidas reglas de conducta impuestas”, explicó una fuente judicial.

En esa primera exposición aseguró que lo denunciaba como corolario de un largo período de insinuaciones, insultos, amenazas y malos tratos injustificados hacia su persona.

En cuanto a la situación del inculpado, detenido en 2019 luego de amenazar de muerte al Intendente de Lobería, el contrato que unía al profesional con el centro asistencial local había caducado el 31 de diciembre de ese año y el mismo no fue renovado.