Días atrás se conoció que desde el oficialismo y el Frente Renovador se habían presentado en el Concejo Deliberante dos proyectos impulsando la prohibición de comercialización en nuestro distrito de elementos de pirotecnia.

Aunque ambas iniciativas aún no tuvieron tratamiento, su sola mención hizo que se alzaran voces a favor y en contra de lo que se propone.

El tema no es nuevo, año tras año se lo menciona días antes de las fiestas y luego, hasta ahora al menos, se lo menciona como un tema a debatir para el año próximo…y en noviembre del año próximo se vuelve a "desempolvar", pero "ya es tarde" y así vuelve a quedar.

Pero en esta oportunidad se suma un nuevo aditivo, ya que además del debate originado en la comunidad entre los que están a favor contra los que se manifiestan en contra y los muchos a los que "ni les va ni les viene…" surgió ahora un ¿apriete? De una de las principales empresas dedicadas a la fabricación de pirotecnia en el país.

Con la firma del apoderado de la firma "Cienfuegos", José Antonio García ingresó ayer al Con cejo Deliberante una Carta Documento en la se manifiesta que dicha empresa se reserva "el derecho de incoar por la vía necesaria las consecuentes acciones judiciales por los daños y perjuicios emergentes de la sanción y promulgación de dicha Ordenanza", refiriéndose a la que impulsaría tal prohibición.

Fundamentan dicha postura en que la industria pirotécnica genera "más de seis mil puestos de empleo permanente y alrededor de cincuenta mil en forma indirecta, siendo el sostén de miles de familias".

Indican a la vez que la actividad se encuentra autorizada y legislada, por lo que "la posible sanción y consecuente promulgación de cualquier tipo de prohibición sería completamente contrario a dicha Ley y generaría un conflicto legislativo».

Tras explayarse en detalles al respecto, el firmante de la carta solicita "enfáticamente" a los Legisladores que revean dicho proyecto.

Más adelante se destaca que "de no mediar una solución total e incondicional sobre la presente, nos veremos obligados a iniciar inmediatamente en su contra, del municipio y de la gestión, todas y cada una de las acciones legales que por ley nos corresponden, no descartando incluso la solicitud y posterior traba de las medidas que eventualmente resulten idóneas para la consecución de los fines propuestos».